Afectar por desafectar

En todas las reuniones con comités del PPC a las que he ido escuchamos anécdotas distintas, contadas generalmente por señoras diferentes; pero todas se refieren el mismo drama. Las ciudadanas de menores ingresos de Lima pasan por un vía crucis para acceder a un título de propiedad y, por tanto, a una de las pocas palancas que tienen para echar a rodar su bienestar más rápidamente. Nuestras casas o departamentos usualmente son los activos más importantes que tenemos. Para personas cuyos ingresos son una fracción de los nuestros, formalizar la propiedad no solo les da la tranquilidad que la familia puede necesitar para seguir proyectándose al futuro, sino que les puede permitir multiplicar, literalmente, sus ingresos. No a la De Soto -en un libro al que pusieron en la sección de marketing en la biblioteca de la Universidad de Chicago- sino a la Webb, al que salgo a ir en breve, o a la De Soto-Ghersi-Ghibellini.

Los términos "desafectación", "habilitación", "titulación" o "perfiles" no significan nada para algunos. Son procesos Kafkianos que deben seguir estas señoras, verdaderas heroínas del desarrollo de nuestro país. Enfrentan a mafias que trafican con tierras -una importante de las cuales aparentemente ya le pasó la posta a sus retoños, a los cuales también se acusa de asaltar directamente-, la desidia de burócratas y los procesos que configuran, en parte, un Estado rentista -mercantilista-, vertical, que no rinde cuentas ni gestiona por resultados, ni tiene servicio civil sino solo algunos servidores públicos.

El Estado debería habilitar urbanamente terrenos -construir pistas y redes de agua y saneamiento- para que los ciudadanos de ingresos más bajos los compren. MIDIS está mejorando el sistema de focalización. Podría usarse para definir quiénes entran en este esquema. Se tendría que publicar el padrón de beneficiarios después. Así tendrían terrenos quienes los necesitan. Ya con títulos. Ya con conexiones de agua y electricidad. (La mayoría ya tienen celulares y posiblemente no querrían líneas de telefonía fija así las tuvieran a su disposición). Deberían ponerse a su disposición planos de viviendas modulares. Ello no solo contribuiría enormemente al bienestar de los ciudadanos de menores ingresos, sino que nos ahorraría millones de millones a los contribuyentes -incluyéndolos a ellos mismos, no solo por lo que pagan en IGV sino por éste y otros bienes y servicios que no reciben del Estado-. Las ciudades irían creciendo en orden, no en este caos parecido al de Calcuta en los distritos más poblados de Lima y nuestro país.

¿Qué sigue ocurriendo? Traficantes de terrenos trafican, en realidad, con la necesidad de los más necesitados. Tienen cómplices en las municipalidades, el resto del Poder Ejecutor -en estos casos- y el Congrezoo -no solo en estos casos-. Organizan invasiones en las que cobran a los más necesitados, detrás de los cuales se escudan. Los usan de excusa para quedarse con terrenos que venderán después. Algunos ciudadanos también invaden terrenos. Sin mafia, tienen que pasar por la burocracia Macondina. Necesitan que se desafecte el uso, en algunos casos, que el Estado reconozca que ahí viven, que ya no es un paisaje, término eufemístico con el que la burocracia le llama al cerro. Si no no pueden recibir títulos. Ni preparas los perfiles para que la municipalidad distrital, provincial o SEDAPAL, dependiendo, invierta en muros, escaleras, lozas deportivas, agua o desagüe.

¿Saben que ellas y ellos tienen que hacer muros, en algunos casos, para lidiar con la maraña burocrática? Para que un burócrata afirme que el riesgo que enfrentan no es alto. Para que se formalice, para que se reconozca en el "derecho" -otro eufemismo- que, de hecho, ya viven ahí. En Villa María del Triunfo hay una sola cuadrilla de COFOPRI -originalmente ejemplo exitoso citado por el Banco Mundial, luego destruido por la mafia mencionada- para atender, supuestamente, un distrito en el que viven 400 mil personas. Un dirigente del PPC nos contó que una empresa vinculada a un funcionario que traficó con el agua y el desagüe en el gobierno pasado les había cobrado S/. 90 mil por hacer perfiles de proyectos. Posiblemente serán revisados por personas que nombró el susodicho. Medró en el gobierno. Sigue haciéndolo fuera del mismo. Anoche, una dirigenta de San Juan de Lurigancho estuvo sentada hasta que el Chino Ibáñez y yo terminamos de hablar y la gente se fue de un evento de un comité del PPC. La han empapelado con siete juicios porque quiere desafectar. La han afectado por intentar desafectar. Algunas mafias quieren ser monopólicas, además de integrarse verticalmente y horizontalmente, incursionando en varias actividades delictivas. ¡Qué vivan la gestión moderna y algunas ancestrales!